Necesitamos
una política que impulse la lucha contra el despojo y la destrucción de
los bienes arqueológicos, históricos y antropológicos, conjuntamente
con la pluralidad de sujetos que también están obligados a luchar contra
el despojo de su tierra-territorio y por la defensa de su cultura como
pueblos, de manera que se explicite que es parte de la misma lucha
contra la privatización y destrucción de los bienes culturales de la
nación.
La
imposición de legalización de políticas e instituciones al margen de la
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) y
de la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, es funcional a la lógica y
la racionalidad de la privatización encubierta en la perspectiva de la
acumulación por despojo disfrazado de desarrollo turístico. Ejemplo de
ellos son las iniciativas que impulsa el Estado a través del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).
La
lucha contra la destrucción de los bienes arqueológicos e históricos de
la nación, comúnmente llamado patrimonio cultural, exige actualmente una
forma de hacer política que se articule con la lucha que están dando
los pueblos, comunidades y barrios, como descendientes directos de
quienes fueron los creadores de los bienes nacionales arqueológicos e
históricos, sujetos que ocupan el mismo territorio donde se asienta
dichos bienes nacionales. Así, entendemos que la defensa de estos bienes
nacionales implica, en la situación actual, la lucha contra el despojo
del territorio y la cultura; no se pueden entender separadas, a menos
que desconozcamos a los sujetos que las producen y a los que las han
resguardado durante siglos.
Contribuir
a configurar un programa de lucha y resistencia como trabajadores,
profesores e investigadores, de manera que podamos detener y revertir
las políticas estatales de privatización del patrimonio arqueológico,
histórico y antropológico, es al mismo tiempo inhibir y desarticular las
condiciones de flexibilización laboral y despojo de nuestro trabajo que
se han impuesto en los últimos años.
Debemos
ser conscientes de que las operaciones de una estrategia de despojo,
privatización y destrucción de los bienes nacionales en favor de
capitalistas y empresas particulares -por ejemplo, el Manual General de
Organización que imponen los funcionarios burócratas del INAH, con el
apoyo de todo el aparato de Estado, es un instrumento normativo que,
como cualquier otra ley secundaria y programas que desde las secretarías
de educación se están implementando para negar la aplicación de la
constitución que garantiza la existencia de los bienes arqueológicos e
histórico, así como la tierra comunal y ejidal, para evitar se privatice
el territorio nacional.
En
esta perspectiva, no debemos avalar discursos conceptuales
cientificistas subordinados a discursos legaloides que encubren formas
de privatización y despojo. Los dictámenes arqueológicos, antropológicos
y sobre monumentos históricos que no consideran el contexto
histórico-antropológico son un ejemplo de esto.
Dentro
del modelo neoliberal implementado desde 1982, la clase política,
siempre al servicio de los capitalistas, se lanza a invadir las tierras,
bosques y áreas de reserva natural protegidas en zonas rurales o
urbanas, explotando y destruyendo naturaleza y cultura. Si para ello
tienen que inventar leyes que legalicen el despojo, lo hacen con el
mayor cinismo; si tienen que matar y reprimir a quienes se resisten al
despojo, igual lo hacen sin ninguna reserva. Incluso existen leyes como
la Ley Estatal Indígena de Jalisco, que desconoce al pueblo coca de
Mezcala y de San Pedro Itzican, y a varias comunidades Nahuas del sur de
Jalisco, arguyendo que no hablan la lengua ni se visten de acuerdo a
las costumbres ancestrales.
El
despojo de los territorios al que están sometidos los pueblos indígenas
está directamente relacionado con la privatización de la tierra comunal y
ejidal. La modificación del artículo 27 constitucional en 1992, hecha
por Carlos Salinas y los partidos políticos que controlan el poder
legislativo, sentó las bases; ahora, los programas como el Programa de
Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares (PROCEDE) y
el Programa de Certificación de Derechos Comunales (PROCECOM), son
parte de las políticas neoliberales que aplican prácticamente todos los
gobiernos de todos los colores. Este es el caso del ayuntamiento
perredista del municipio de Poncitlán, en Jalisco, que mantiene una
política de despojo del territorio del pueblo coca de Mezcala, con un
particular ahínco en la destrucción de la arqueología y la arquitectura
monumental de la Isla del Presidio; también es el caso del ayuntamiento
panista de Mezquitic, que hace lo mismo con el pueblo wirrárika al
destruir de sus zonas sagradas, como la de Paso del Oso, que es
destruida por la construcción de una carretera que pretende ser la vena
del corredor turístico en la sierra del territorio wirrárika. Lo mismo
sucede con los ayuntamientos priistas de Ayotitlán y Tuzpan, también de
Jalisco, que están favoreciendo a las mineras, propiedad de capitalistas
trasnacionales contra los pueblos nahuas. Pasa igual con el centro
histórico de Guadalajara, Jalisco, con el despojo a los habitantes que
por generaciones lo han habitado.
Tenemos
la necesidad de elaborar, entre todos, una radiografía y diagnóstico
del despojo y la destrucción del patrimonio cultural en todo el país,
pero también de la resistencia al despojo. Debemos hacerlo con la
participación de los pueblos, comunidades, barrios y personas que están,
de hecho, dando la lucha y la resistencia contra la destrucción y el
despojo del patrimonio cultural y su territorio1.
Este proceso no es sino una nueva guerra de conquista y colonización;
la modalidad no le pide nada a la que hace 500 años llevaron a cabo los
conquistadores. A los nuevos invasores los caracteriza su desprecio
racial y clasista, de manera que tratan a indígenas y campesinos como si
no fueran seres humanos a los que, si antes se les negó esta condición
por no estar evangelizados, ahora es porque no se han subido al tren del
progreso, que para ellos significa convertir a las zonas arqueológicas y
monumentos históricos en mercancías a explotar “turísticamente”, y el
entorno geográfico en lujosos fraccionamientos, hoteles y campos de golf2.
La
resistencia y la autonomía, como forma de hacer política, han generado
iniciativas políticas y organizativas en las localidades y desde la
cotidianidad de los pueblos y barrios del campo y la ciudad. La
construcción de autonomía consolida donde ya se realizan procesos de
autogobierno, autogestión y organización comunitaria, proyectos con la
perspectiva de que sean los propios sujetos sociales quien se haga cargo
de la reproducción de su vida digna y, con ello, de su cultura y la
naturaleza.
Esto
exige que cada comunidad y colectivo sean estrategas de su propia
resistencia, reconociendo así las diferencias. De esta manera, aquellos
sujetos que han logrado articularse y enlazar sus luchas y movimientos
de resistencia para enfrentar la estrategia colonialista de despojo y
represión que los burócratas gubernamentales han implementado de manera
brutal, ha sido merced al respeto a sus diferencias y la solidaridad se
ha basado en el apoyo mutuo.
La
construcción de un programa de lucha que dé cuenta de las prácticas que
los sujetos concretos estamos realizando desde la cotidianidad y el
espacio de vida y trabajo, en la perspectiva de resolver las necesidades
y generar las relaciones sociales necesarias para ello, implica que
seamos los propios sujetos quienes la elaboremos, pues la emancipación
es autoemancipación y exige otra forma de hacer, de escucha, de dialogar
entre los diferentes que somos. Así, las formas de hacer política se
convierten en fundamentales y determinantes para el cambio en las
relaciones sociales dominantes, y en esto radica el elemento central
para pensar, desde la perspectiva del sujeto que, en este caso, somos
los trabajadores del inah.
Es
importante, por tanto, distinguir un programa de un plan de acción. Un
programa contiene lo que pensamos y lo que consideramos respecto de
nuestra realidad, pues la realidad se constituye con la acción de los
diferentes sujetos y la confrontación y lucha que resulta de las
relaciones sociales-económicas-políticas dominantes. El programa es una
construcción y creación permanente de trabajo, lucha e iniciativas de
acción en todos los ámbitos.
Desde
esta condición de acción y experiencia, se trata de poner en un plano
general y hasta cierto punto abstracto, los problemas concretos, la
forma como hemos pensado y hecho la lucha y la resistencia contra el
despojo de nuestra materia de trabajo y la privatización de los bienes
nacionales, la represión, la dominación y el desprecio que sobre los
sujetos creadores se ha ejercido por parte del Estado y los
capitalistas; pero también cómo hemos estado construyendo nuestras
formas de sobrevivir, de relacionarnos socialmente, de organizarnos y de
construir desde ahora el otro mundo que queremos para vivir dignamente.
Seguramente, desde cada localidad los trabajadores e investigadores del
inah hemos experimentado todo esto; pongámoslo en común y veamos cómo
nos articulamos.
El
problema que se plantea como materia de trabajo implica la realidad
articulada que producen los sujetos en formas de arqueología,
arquitectura, historia, cultura, etcétera, es decir, las formas de hacer
en la creación cultural y la transformación social. Esto a su vez nos
plantea, como trabajadores, la necesidad de conciencia histórica y
política sobre el sujeto creador de cultura, de manera que nos
despojemos de la forma de entender el producto de su trabajo como
fetiches y artefactos cosificados. No hay historia sin sujeto, ni
cultura sin sujeto3.
Estamos
en la posibilidad de decir ¡Ya Basta! y retomar la perspectiva desde
los sujetos sociales que podemos ser en la defensa del territorio, de la
educación pública y de la investigación como proceso de conocimiento
social. No debemos seguir moviéndonos dentro de los márgenes que
establecen el funcionariado del INAH y la clase política que opera el
Estado. Podemos dar la lucha contra el despojo en los márgenes de la
legalidad establecida, pero también ir más allá. De otro modo, no
podremos crear nuevas formas de hacer política e investigación desde una
perspectiva de sujetos autónomos. No debemos seguir distrayéndonos
dando la pelea respecto a la legalidad del CENCA, cuando es determinante
retomar la lucha por restituir lo que se le quito al artículo 27
constitucional, que es lo que le da la cobertura legaloide al despojo
del territorio y la cultura de los pueblos que configuramos este país.
También es determinante la defensa y restitución del contenido del
artículo 4º, el 3º, el 123 y 127 constitucionales, con sus respectivas
leyes reglamentarias: Ley Agraria, Ley Federal del Trabajo, de
Educación, etcétera.
Es
fundamental hacer caso a las ponencias colectivas de los centros de
trabajo (la de Michoacán, la de Morelos, la de Jalisco, la de las
compañeras arqueólogas Noemí y Blanca, la del Comité de la delegación y
tantas otras que se presentaron). Este trabajo es producto del esfuerzo
de estos años por impulsar una política desde abajo, desde las regiones.
Estamos en condiciones de retomar un trabajo desde los centros de
trabajo y desde los centros inah estatales, tanto en lo político como en
la creación de espacios académicos y de investigación. Cuidemos el
avance de construcción de lo colectivo que se está gestando con el
trabajo de colectivos de compañeros en las diferentes regiones y
entidades estatales. Tal vez con la realización del trabajo en talleres y
foros, como se propuso en el VI Congreso, se pueda dar continuidad a lo
que hasta ahora hemos construido en este sentido de lo colectivo desde
abajo.
El caso de la isla de Mezcala
La
comunidad indígena de Mezcala, en voz del Comisariado de Bienes
Comunales, emitió en 2010 una declaración política que nos recuerda que
la lucha por la tierra y la reivindicación del territorio donde habitan
desde la llegada de los españoles, ha sido defendido a pesar de la
muerte y la guerra que los invasores de ayer y hoy siguen imponiéndoles.
A
propósito del bicentenario de la Independencia de México y el centenario
de la Revolución, la isla de Mezcala fue declarada territorio principal
de los festejos por el presidente Felipe Calderón, de manera que se
implementó una estrategia de destrucción del patrimonio cultural
arquitectónico y monumental que existe en la Isla del Presidio, con el
pretexto de restauración de los monumentos históricos.
Es
necesario recordar que la isla fue el escenario donde, por más de cuatro
años (entre 1812 y1816), los cocas de la región sostuvieron una de las
más dignas rebeliones indígenas contra los españoles. En ella, dicen en
su declaración, “pulsa y vive la sangre de nuestros antepasados, en ella
se refugia la memoria de nuestro pueblo y en ella reafirmamos nuestra
identidad como pueblo originario”.
Resulta por demás importante reproducir un fragmento de su declaración:
“Cada
25 de noviembre nuestra historia, junto con nuestros muertos, los
antepasados, pasean por el pueblo, por el lago, por la Isla; salen,
susurran en nuestro oído los cuidados que debemos de tener a nuestro
territorio, nuestra herencia. Es por eso que aquí, en la comunidad
indígena de Mezcala, la tierra no la vendemos, más bien la defendemos,
pues es el recuerdo más cercano que nos une con ellos. También los
muertos nos vienen a recordar que nosotros somos los dueños legítimos de
las más de 3 mil 600 hectáreas de territorio, además de la posesión de
la Isla de Mezcala, y que al igual que ellos tenemos que cuidarla y
defenderla, o sea que lo que ellos hicieron en tiempos antiguos,
nosotros tenemos que hacerlos ahora y pues también los intentos de
quitarnos la tierra que nos ha pertenecido por más de 500 años, al igual
que ayer, los tenemos ahora”.
La
declaración política de los comuneros de Mezcala debiera tomarse muy en
serio por la clase política de todos los partidos y los gobiernos
estatal y municipal de Poncitlán, pues todo indica que no están
dispuestos a ceder su territorio para convertirlo en un mercado de
negocios privados disfrazado de desarrollo turístico. En su comunicado
denuncian que a los funcionarios del Ayuntamiento de Poncitlán,
Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, e INAH, se les olvida
reconocer que el territorio de Mezcala es comunal y cuentan con un
título primordial desde 1534 y una declaratoria presidencial de 1974,
que reafirma la propiedad comunal del territorio. Pero a pesar de ello,
quieren convertir a la Isla en un centro turístico, cuando para la
comunidad de Mezcala es parte de su historia y la isla es el corazón de
la comunidad.
En lo
que corresponde al inah, es necesario advertir que los arquitectos del
departamento de monumentos históricos y los arqueólogos del Centro inah
Jalisco, han realizado dictámenes donde se muestra que existe
destrucción del patrimonio arqueológico y de los monumentos
arquitectónicos que se encuentran en la isla, sin embargo, las
autoridades anteriores y la directora, Angélica Peregrina (que fue
destituida en enero del 2012), avalaron los trabajos a cargo del
ayuntamiento de Poncitlán y el gobierno del estado.
Por
esta situación, fue pertinente la demanda de renuncia del director
general del inah, la de la directora del Centro inah Jalisco, Angélica
Peregrina, que en su momento realizamos como sindicato de
investigadores.
La conquista neoliberal va sobre el territorio de todos en las ciudades
La
defensa del territorio y la cultura, es decir, de la tierra donde se da
la vida cotidiana de las personas, familias y comunidades urbanas, la
zona metropolitana de Guadalajara, entre otras, se ha convertido en un
problema complejo ante la rapiña desatada por los grandes consorcios
fraccionadores y comerciales en su afán por acumular dinero a costa de
la vida, pues la destrucción de bosques, manantiales y ríos
subterráneos, y la ruptura del equilibrio del ecosistema traerá consigo,
en dos o tres décadas, desastres en apariencia naturales, pero
propiciados por la voracidad del capital y los burócratas
gubernamentales que se ponen a su servicio a cambio de recibir una
pequeña riqueza.
En las
ciudades, el despojo del territorio también implica una estrategia que,
como en la guerra, pretende despoblar y luego repoblar con nuevos
criterios, donde se sacrifica el medio ambiente, la naturaleza, y las
formas arquitectónicas que los habitantes se han dado de acuerdo con sus
necesidades. Lo prioritario para los operadores de la guerra de despojo
está decidido por los intereses de las grandes trasnacionales, que de
paso invaden y golpean a los pequeños y medianos comerciantes, pues
construyen grandes plazas comerciales y otras edificaciones de calidad
deficiente y en zonas inapropiadas, que van deformando la ciudad y
afectando la calidad de vida de sus habitantes, pues construyen espacios
habitacionales en zonas cuyo uso de suelo y factores ambientales no son
adecuados, en zonas boscosas a costa de su destrucción (el caso de la
zona metropolitana de Guadalajara que está rodeada de bosques).
Los
pobladores de colonias y barrios como Jardines del Sol, Camichines,
Nextipac, el Nixticuil, Los Colomitos, La Primavera, Tlajomulco, La
cuenca del ahogado, El Salto, Arcediano, la zona centro de Guadalajara,
Colomos, Miravalle, el Colli, por mencionar los que han trascendido en
los medios de comunicación, son objeto de despojo y destrucción de su
territorio. Enfrentan nuevas leyes y reglamentos municipales,
elaboración de planes de urbanización, como parte de una estrategia de
colonización.
En
2008 se realizó en el Museo Regional de Guadalajara un Foro Contra el
Despojo donde participaron organizaciones y pobladores de los barrios y
colonias mencionados, presentaron sus testimonios sobre el despojo del
que son objeto y emitieron una declaración política donde seresalta lo
siguiente:
“La
estrategia de colonización se disfraza ahora con toda clase de
discursos, leyes y políticas públicas: declaración de parques
ecológicos, promoción del ecoturismo, leyes de patrimonio cultural y
natural, etcétera, pero las grandes trasnacionales junto con
capitalistas locales convertidos en socios minoritarios, han decidido
acabar con la riqueza natural a costa de millones de personas; sus
valores fundamentales son el dinero y el poder encubiertos en sus buenas
conciencias. En la aplicación de esta estrategia están los empresarios,
los falsos ambientalistas, algunos académicos, medios de comunicación y
los políticos de todos los partidos que utilizan el gobierno y las
instituciones del Estado para operar esta guerra de conquista”.
Este
testimonio demuestra que la defensa del territorio, cada vez está
quedando más claro a los habitantes de las zonas urbanas, que de por si
los indígenas y campesinos ya lo traen consigo, pues consideran que la
tierra que habitan es también la madre tierra, comunidad y barrio,
historia y cultura, ancestros y descendientes, familia y lo colectivo,
deseos y sueños.
En
conclusión, los capitalistas neoliberales van tras la conquista de todo
el territorio nacional, no sólo en las zonas rurales sino también en las
zonas urbanas, ellos no entienden que el territorio es el albergue de
nuestra raíz y nuestra historia, que naturaleza y humanidad es una y la
misma cosa. Que el contenido del territorio es la tierra, el subsuelo,
el aire, el agua, la flora, la fauna, la vida pues, y todo ello lo
quieren convertir en simple mercancía. Son ellos, los capitalistas,
quienes inventaron la propiedad privada de la vida, pero seguro que
podemos reinventarnos, con un poco de dignidad.
Ante
la estrategia del despojo, se levantan cientos de resistencias y el reto
en el futuro es su entrelazamiento, combatir la fragmentación que es la
lógica que impone el capital a las colonias y barrios. Las mujeres y
los jóvenes que se miran en todas esas luchas contra el despojo y la
explotación de la naturaleza y los habitantes de la zona metropolitana
de Guadalajara, muy pronto se tendrán que reconocer en sus diferencias
para poder articular sus resistencias, de ello ya existen algunos
indicios.
Se ha
demostrado que una alternativa posible, después de probar un sin número
de formas de resistencia, es la construcción de autonomía, es decir,
crear o consolidar donde ya se tiene, procesos de autogobierno,
autogestión y organización comunitaria que se hagan cargo de la
reproducción de su vida digna, y con ello, de su cultura y la
naturaleza.
Resulta
relevante reconocer cómo se han desplegado una pluralidad de sujetos
tan diversos en todo el país que se identifican como parte del esfuerzo
por crear un nuevo México. La resistencia y la autonomía, como forma de
hacer política, ha generado iniciativas políticas y organizativas en las
localidades y desde la cotidianidad de los pueblos y barrios del campo y
la ciudad. Esto, y el respeto para que cada comunidad y colectivo sea
estratega de su propia resistencia, reconociendo así las diferencias,
son el punto de partida que enlazará las luchas y movimientos de
resistencia para enfrentar la estrategia colonialista de despojo y
represión que los burócratas gubernamentales han implementado de manera
brutal. Estamos frente al desafío de hacer consiente lo inconsciente
cultural que representa superar el trauma histórico de la conquista de
que hemos sido objeto, tanto como de una cultura paternalista y
corporativista, pues esto ha sido la base de la dominación.
1 En
los últimos años se ha mostrado la extensión y brutalidad del despojo
de los territorios de las comunidades ejidales e indígenas de Jalisco
por parte de los señores del capital y sus empleados, los burócratas de
los gobiernos de todos los colores. Cihuatlán en la costa; Mezcala, en
el municipio de Poncitlán; Tomatlán; Paramán-Xola, en el municipio de
Tomatlán; Chalacatepec, aledaña a la zona de reserva y sitio de refugio
para tortugas marinas; el playón de Mismaloya; la reserva de la biosfera
Chamela-Cuixmala, en el municipio de La Huerta; y las zonas sagradas
del pueblo wirrárika, entre otros, dan cuenta de ello..
2
Se les olvida a los burócratas, déspotas ignorantes, que este modelo
fue aplicado en los años 70 y 80 en el sureste mexicano, orillando a los
pueblos mayas a refugiarse en el rincón más inhóspito de la Selva
Lacandona; olvidan que de ahí surgió el embrión de lo que ahora es el
movimiento más importante de autonomía y autoemancipación de los pueblos
anticapitalistas, y que nació precisamente reivindicando la dignidad y
la resistencia frente al despojo, el desprecio y la represión.
3
Habría que preguntarnos, como trabajadores de la educación y la
cultura, si hemos estado y de qué forma hemos contribuido en esos
procesos, pues como parte de esa pluralidad de sujetos que constituyen
la defensa de los bienes nacionales arqueológicos e históricos,
seguramente hemos estado ahí, de manera consciente o inconsciente,
contribuyendo a la defensa o a su fetichización. Ello exige la
reflexividad autocrítica y preguntarnos ¿en qué medida hemos contribuido
a que haya sido? ¿Cuál ha sido nuestra forma de resistir y rebelarnos
ante esta política cultural? ¿Es necesario dejar de hacer política en la
perspectiva de la clase política profesional y partidaria, y
experimentar nuevas formas de hacer política sindical? ¿Cómo sería ser
autónomos en el contexto de la institución INAH para -como trabajadores-
apropiarnos de nuestra materia de trabajo y del proceso de trabajo,
considerando a los demás trabajadores del INAH que son parte de dicho
proceso?
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