No todos los funcionarios públicos, electos o no, son iguales ante la ley; el presidente de la república mexicana es el único que goza de fuero, por lo que mantiene la inmunidad procesal, con lo cual no puede ser procesado penalmente, luego de que la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Constitución por 376 votos a favor, 56 en contra y 5 abstenciones.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma que acota el fuero, es decir, se elimina el "juicio de procedencia", por lo que legisladores o servidores públicos, excepto el ejecutivo federal, podrán ser procesados penalmente, pero en libertad. La reforma constitucional proviene de la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores público.
Así, cuando un juez dicte sentencia condenatoria a un legislador o servidor público, menos al presidente del país, el pleno de la Cámara de Diputados, la Corte o la Presidencia, en relación con los secretarios de estado, recibirán notificación por lo cual procederán a separar inmediatamente del cargo al funcionario en cuestión.
La reforma aplica para gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y miembros de los consejos de las judicaturas locales, magistrados electorales e integrantes de los órganos superiores de dirección de los organismos electorales. También para el procurador general de justicia.
Enrique Peña Nieto dijo hace pocos días que “no hay intocables”. Le faltó advertir, si bien es obvio, que se refiere a todos aquellos después de él. Silvano Aureoles, coordinador del PRD, en el Cámara Alta del Congreso de la Unión, aseguró que se regresa al “viejo régimen”.
Por lo pronto el presidente de los Estados Unidos Mexicanos sigue como intocable. Este hecho, se suma a las diversas muestras que EPN ha dado en algunas cuestiones que van por senderos que llevan a otro régimen que no es precisamente el democrático.
La minuta con la reforma constitucional sobre la inmunidad de los servidores públicos tuvo su origen y sustento en la iniciativa presentada por el entonces senador Pablo Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD el 6 de marzo de 2007, ante la Cámara de Senadores, y que fue avalada de consenso por las distintas fuerzas políticas del Senado, dijo el diputado Julio César Moreno Rivera quien presentó y fundamentó el dictamen.
Sin embargo, el PRD de ahora ve riesgosa la iniciativa, presentada por su correligionario.
De acuerdo con el diputado Ricardo Mejía Berdeja “en realidad esta reforma tiene como finalidad colocar una espada de Damocles en los legisladores críticos e incómodos al poder para que, con delitos prefabricados, se les aleje de sus funciones legislativas. Quieren tener a los legisladores opositores litigando en defensa propia, en lugar de estar legislando en defensa de los intereses de la nación” (Cámara de Diputados, versión estenográfica de la sesión del miércoles 06).
El diputado del Partido del Trabajo, PT, Ricardo Monreal, cercano a López Obrador, se manifestó en el mismo sentido: “En el contexto actual, el fuero constitucional se erige en una institución fundamental para limitar los abusos de tiranos y reyezuelos modernos, constituye también una herramienta indispensable en un régimen republicano para evitar la intromisión injustificada entre los depositarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo de la Federación y para garantizar la vigencia del principio de separación de poderes”.
La ex perredista Ruth Zavaleta salió al quite de las acusaciones en contra del poder ejecutivo sobre que con la eliminación del fuero, se quedan huérfanos los opositores del régimen. Dijo que esta no es una iniciativa del presidente.
Zavaleta, del Partido Verde Ecologista de México, expresó que mienten los diputados izquierdistas que ven en la aprobación de esta reforma, la mano del ejecutivo para ejercer una línea autoritaria o represiva en su contra.
La propuesta fue aprobada en lo general con 376 votos a favor, luego de más de tres horas de debate. Queda entonces suprimida la figura del fuero, y se aprueba la de inmunidad constitucional con lo cual los legisladores o servidores públicos de cualquier orden de gobierno enfrentarán un proceso penal en libertad.
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